El transporte es uno de los sectores que más contribuye al cambio climático, al ser responsable de casi el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España. Para reducir el impacto ambiental del transporte y favorecer la transición hacia una movilidad más limpia, eficiente y segura, el Gobierno ha aprobado la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» el 21 de mayo de 2021.

La ley tiene por objeto asegurar el cumplimiento por parte de España de los objetivos del Acuerdo de París, adoptado en 2015, que compromete a los países a limitar el aumento de la temperatura media global a 1,5 ºC respecto a los niveles preindustriales. Para ello, la ley establece unos objetivos nacionales vinculantes para reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 23% en 2030 respecto al año 1990 y alcanzar la neutralidad climática no más tarde del año 2050. Además, la ley fija unas metas para aumentar las energías renovables y mejorar la eficiencia energética en todos los sectores. La ley también contiene medidas específicas para impulsar la movilidad sostenible, entendida como aquella que minimiza el consumo de energía y las emisiones contaminantes, fomenta el uso del transporte público y los modos activos (caminar y bicicleta), mejora la seguridad vial y la calidad del aire y reduce la congestión y el ruido. Estas medidas afectan tanto a los vehículos como a las infraestructuras y los servicios de transporte.

¿Qué medidas afectan a los vehículos?

La ley prevé una serie de medidas para promover la renovación del parque móvil hacia vehículos más eficientes y con menores emisiones. Estas medidas son:

– A partir del año 2023, todos los vehículos nuevos que se matriculen en España deberán disponer del distintivo ambiental que otorga la Dirección General de Tráfico (DGT), que clasifica a los vehículos según su potencial contaminante. Los distintivos son cuatro: Cero Emisiones, Eco, C y B. Los vehículos sin distintivo son los más antiguos y contaminantes.

– A partir del año 2040, no se podrán vender ni matricular en España vehículos turismos o comerciales ligeros nuevos que emitan dióxido de carbono (CO2), lo que implica el fin de los motores de combustión interna (gasolina, diésel, gas natural o híbridos). Solo se podrán vender vehículos eléctricos o de otras tecnologías cero emisiones.

– A partir del año 2050, no se podrán circular por España con vehículos que emitan CO2, salvo excepciones por razones sociales o territoriales debidamente justificadas. Esto supone que solo se podrán usar vehículos eléctricos o de otras tecnologías cero emisiones.

– El Gobierno impulsará planes de apoyo a la compra e instalación de vehículos eléctricos o de otras tecnologías cero emisiones, así como a la implantación de infraestructuras de recarga. También fomentará el uso compartido y el alquiler de estos vehículos.

  • – El Gobierno regulará las condiciones técnicas y administrativas para garantizar el acceso universal a la recarga eléctrica en todo el territorio nacional.
  • Los puntos públicos de recarga eléctrica deberán ofrecer información sobre su ubicación, disponibilidad, potencia, precio y forma de pago. También deberán ser interoperables y permitir el acceso sin necesidad de contrato previo.
  • El Gobierno establecerá un marco regulatorio para el autoconsumo eléctrico y el balance neto, que permitirá a los usuarios generar y consumir su propia energía renovable, así como verter a la red el excedente y recibir una compensación económica.
  • El Gobierno promoverá la sustitución de los vehículos más contaminantes por otros más eficientes o por otros modos de transporte más sostenibles. Para ello, podrá establecer incentivos fiscales, económicos o de otra índole.

¿Qué medidas afectan a las infraestructuras y los servicios de transporte?

La ley también prevé una serie de medidas para mejorar las infraestructuras y los servicios de transporte, con el fin de facilitar la movilidad sostenible y reducir la dependencia del vehículo privado. Estas medidas son:

  • El Gobierno elaborará una Estrategia Estatal de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada, que definirá los objetivos, las líneas de actuación y las medidas para impulsar la movilidad sostenible en todos los ámbitos territoriales y modales. La estrategia se revisará cada cinco años y se alineará con los objetivos de la ley.
  • Las administraciones públicas competentes deberán elaborar planes de movilidad sostenible en sus respectivos ámbitos territoriales, que incluyan medidas para fomentar el transporte público, la movilidad activa, la intermodalidad, la gestión de la demanda y la movilidad compartida. Los planes se revisarán cada cinco años y se alineará con los objetivos de la ley.
  • Las administraciones públicas competentes deberán garantizar el derecho al transporte público colectivo regular de uso general como servicio público esencial. Para ello, deberán asegurar su calidad, accesibilidad, asequibilidad, seguridad y eficiencia energética. También deberán promover su electrificación o uso de otras energías renovables.
  • Las administraciones públicas competentes deberán fomentar el desarrollo de redes de infraestructuras para la movilidad activa (caminar y bicicleta), así como su conexión con el transporte público. También deberán impulsar medidas para garantizar la seguridad vial y la convivencia entre los distintos modos de transporte.
  • Las administraciones públicas competentes podrán crear zonas de bajas emisiones (ZBE) en los municipios o áreas metropolitanas con más de 50.000 habitantes o que superen los niveles máximos de contaminación atmosférica. Las ZBE son espacios delimitados y señalizados en los que se restringe el acceso o la circulación de los vehículos más contaminantes. Las ZBE deberán estar en funcionamiento antes del 1 de enero de 2023.

Conclusión

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética es una norma clave para el futuro de España, que pretende contribuir a la lucha global contra el cambio climático y a la transición hacia un modelo energético más limpio, eficiente y sostenible. La ley supone un reto y una oportunidad para la movilidad sostenible en España, que implica cambios profundos en el parque móvil, las infraestructuras y los servicios de transporte. La ley también requiere de la colaboración y el compromiso de todos los agentes implicados: administraciones públicas, sector privado y ciudadanía. Solo así se podrá lograr el objetivo común de mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones contaminantes en España.

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